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LA PALABRA
El 26 de julio de 1968 tiene especial significado para la juventud revolucionaria mexicana. Después de muchos años de estar recibiendo garrotazos y balas de los granaderos, policías y soldados del régimen, respondimos… sí, hubo respuesta a la agresión salvaje…Eduardo Valle, El Búho.
El anticlimático desenlace de la toma de Rectoría echa abajo la imagen vandálica de los jóvenes encapuchados, que salieron uno por uno, por su propio pie, sin que hubiese choques.
Narro afirmó que “no se criminalizó la protesta; las autoridades solo denunciaron los actos de violencia” (ante la PGR). Aunque Mondragón declaró, varias veces, que estaba listo para actuar, no hubo necesidad de que actuara, porque los vándalos salieron por su propia voluntad, mediante (se dice) la intervención de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz.
Todas las extralógicas comparaciones quedaron en ridículo: la huelga de 1966, la ocupación de Rectoría en 1972 por Falcón y Castro Bustos, los enfermos de 1973 en Culiacán, la huelga del CGH en 1999 y también las que quisieron hacerse ante el movimiento de 1968, poniéndolo como ejemplo de comportamiento casi angelical.
Este lamentable episodio (casi un sainete) deja saldos negativos para el movimiento estudiantil, en particular, y para el conjunto del movimiento universitario reformista.
Por medio de la difusión sistemática de los vidrios rotos de los encapuchados y la estridente voz en off describiéndola como prueba irrefutable del vandalismo, los medios lograron convencer quizá a millones de que la UNAM era víctima de una agresión salvaje.
De aquí en adelante (no sabemos por cuánto tiempo) cualquier lucha estudiantil, sobre todo dentro de la UNAM, pero también fuera, será considerada como vandalismo.
El rector Narro logró convertirse en la encarnación del espíritu universitario que evitó el desalojo policiaco, aunque haya denunciado la toma ante la PGR y promovido cientos de miles de firmas condenando las acciones violentas que afectaron la normalidad universitaria. Aunque, paradójicamente, admite que nunca se suspendieron las funciones sustantivas de la UNAM: la docencia, la investigación y la difusión.
El uso corporativo de las estructuras para obtener las firmas es un hecho lamentable. También lo fue el desplegado de los ex rectores con vida, con la digna excepción de don Pablo González Casanova.
La UNAM no puede reducirse a su aparato burocrático; la vía para defenderla y fortalecerla es su reforma. A algunos les molesta mucho hablar de cambios en una institución que tiene casi 70 años con su misma estructura jurídica y de gobierno. Ni modo.
Ninguna sociedad o parte de ella, como es la UNAM, puede permanecer inmutable.
Antes que sea muy tarde, estamos a tiempo de construir una reforma universitaria.
Sobre conflicto en la UNAM
El desalojo de la Torre de Rectoría.png)
El acuerdo de desalojar la rectoría entre las autoridades de la universidad y los estudiantes inconformes que la tomaron, nos congratula a muchos universitarios y ciudadanos en general, que rechazábamos cualquier intento de desalojo por la fuerza pública policíaca o militar e incluso por grupos de porros y golpeadores, impulsados por alguna autoridad interna o externa a la UNAM.
Dice el rector José Narro Robles, que no hubo de parte de la autoridad universitaria, el judicializar la toma de rectoría, ni el de criminalizar la protesta de los estudiantes inconformes; sin embargo, a lo largo de los 12 días hubo un linchamiento no tan sólo mediático, al cual los mexicanos estamos acostumbrados, sino que dicho linchamiento o como se le llama políticamente, criminalización de la protesta, se vertió a diestra y siniestra por funcionarios y exfuncionarios de la institución, como se manifestó con los documentos de exrectores – salvo la honrosa excepción del Dr. Pablo González Casanova- quién no se prestó al sainete montado por consigna entre universitarios y funcionarios externos a la Casa de Estudios..
Tiene razón Joel Ortega Juárez, en su artículo que reproducimos en este No. 21: “El uso corporativo de las estructuras para obtener las firmas es un hecho lamentable”. Y yo agregaría indigno y desaseado. En dos días y con telón de fondo una campaña mediática juntaron las autoridades más de 110 mil firmas entre estudiantes, académicos y trabajadores y particularmente entre funcionarios, que sirviera como precedente para el desalojo violento o terso, de los vándalos, embozados, antiuniversitarios, posesionados de la rectoría.
Es significativo, que al margen de la posición del rector de no llamar al diálogo y la parafernalia mediática que exigía el recurso de la fuerza pública, dos consensos campearon entre universitarios y en las voces que se manifestaron en medios escritos y que el periódico La Jornada, da razón de ello en su editorial del jueves 2 de mayo de 2013: “Debe destacarse que en los 12 días que duró la toma de la torre de rectoría tuvo lugar una comprometida participación de muchos sectores de la comunidad universitaria en un intenso debate que permitió configurar dos consensos claros: el rechazo a métodos de lucha inaceptables, como fue la incursión en el principal edificio de la autoridad universitaria, por un lado, y por el otro, la convicción de que la intervención policial no podía conducir a una superación del problema, sino que lo ahondaría. Tal debate, en el que se expresó lo mejor del espíritu universitario, fue clave como contrapeso a quienes, por desconocimiento de la Universidad o por designios políticos oscuros, exigían el recurso a la fuerza pública para desalojar la rectoría”. Lo que es lamentable y hay que decirlo, es que lo que propusieron las autoridades como recurso para una negociación y se liberara la rectoría, es decir, una mesa de diálogo para el día 9 de agosto, sobre la actualización de plan y programas de estudio del CCH y que ese diálogo sólo será con quienes se identifiquen como universitarios –cuestión que es correcta- pero que no estarán en esa agenda el caso de los expulsados ni los expedientes de los denunciados ante las autoridades judiciales, considero que se pudo haber logrado en las primeras horas de la toma de la Torre de Rectoría y no esperar los doce largos días que mantuvieron en tensión a la universidad y a la opinión pública del país y más aún en un contexto de protestas y de represión en Estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, dónde los ánimos se han desbordado, ante la imposición de la reforma laboral, llamada reforma educativa y la cerrazón del gobierno federal de no abrir cauces de diálogo, acuerdos y consensos con el magisterio representado particularmente por la CNTE (Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación).
El investigador Felipe Martínez Rizo exfuncionario del INEE, señaló en un foro sobre evaluación, que en México se requieren alrededor de 10 años para establecer un modelo “de valoración integral del magisterio”, pero tendría que hacerse sin la aplicación de una prueba estandarizada, sin un examen teórico-pedagógico, ni mucho menos con un examen de opción múltiple, que son los instrumentos que la reforma educativa pretende implementar para evaluar a los docentes del país. Y digo de los docentes en general, porque ahora son los de la SEP y de las Secretarías de educación estatales, pero el día de mañana avanzarán con las universidades e institutos de educación superior. Las reformas a los planes y programas de estudio del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM apuntan a la larga en ese sentido.
Otro exfuncionario del INEE, Mario Rueda dice que la evaluación con controles estandarizados que condiciona el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores en el sistema educativo, no va a resolver los problemas, sino que por lo contrario estos se van a profundizar.
La Secretaría de Educación Pública ha fracasado ya cuando menos en dos décadas, al tratar de evaluar a docentes y educandos con mecanismos provenientes de organismos internacionales como la OCDE y han llevado la pretensión de utilizarlos “como instrumentos de estratificación social y por generar oportunidades de negocio para particulares” y aplicando las famosas competencias, dentro de la llamada modernización y actualización educativas (Ver Editorial de La Jornada, del día 4 de mayo de 2013).
Los maestros disidentes de la reforma educativa y agrupados en la CNTE, han presentado una propuesta educativa, alternativa a la oficial y convertida esta en ley. La han hecho llegar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública.
Con el fin de difundir la palabra de los maestros y maestras de la CNTE, publicamos su documento titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos (http://cnteseccion9.wordpress.com/).
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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
No.21, Mayo de 2013
Publicación periódica de opinión. Responsables: Prof. Jesús Pacheco Martínez y Profa. Irma Clemencia Lara Martínez.
Correo: pamaranto_j@yahoo.com.mx www.lapalabrareflexion.mex.tl
Correo: pamaranto_j@yahoo.com.mx www.lapalabrareflexion.mex.tl
http://www.youtube.com/user/Lapalabrareflexion?feature=watch
La Palabra es una publicación plural, donde se pueden expresar diversas opiniones políticas e ideológicas, no es unidimensional, sino multidimensional.
Los "vándalos" dóciles corderitos…
Joel Ortega Juárez
Milenio, 4 de mayo de 2013
Milenio, 4 de mayo de 2013
El 26 de julio de 1968 tiene especial significado para la juventud revolucionaria mexicana. Después de muchos años de estar recibiendo garrotazos y balas de los granaderos, policías y soldados del régimen, respondimos… sí, hubo respuesta a la agresión salvaje…Eduardo Valle, El Búho.
Comparecencia en el “juicio” de 1970, contra los presos del 68
El anticlimático desenlace de la toma de Rectoría echa abajo la imagen vandálica de los jóvenes encapuchados, que salieron uno por uno, por su propio pie, sin que hubiese choques.
Narro afirmó que “no se criminalizó la protesta; las autoridades solo denunciaron los actos de violencia” (ante la PGR). Aunque Mondragón declaró, varias veces, que estaba listo para actuar, no hubo necesidad de que actuara, porque los vándalos salieron por su propia voluntad, mediante (se dice) la intervención de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz.
Todas las extralógicas comparaciones quedaron en ridículo: la huelga de 1966, la ocupación de Rectoría en 1972 por Falcón y Castro Bustos, los enfermos de 1973 en Culiacán, la huelga del CGH en 1999 y también las que quisieron hacerse ante el movimiento de 1968, poniéndolo como ejemplo de comportamiento casi angelical.
Este lamentable episodio (casi un sainete) deja saldos negativos para el movimiento estudiantil, en particular, y para el conjunto del movimiento universitario reformista.
Por medio de la difusión sistemática de los vidrios rotos de los encapuchados y la estridente voz en off describiéndola como prueba irrefutable del vandalismo, los medios lograron convencer quizá a millones de que la UNAM era víctima de una agresión salvaje.
De aquí en adelante (no sabemos por cuánto tiempo) cualquier lucha estudiantil, sobre todo dentro de la UNAM, pero también fuera, será considerada como vandalismo.
El rector Narro logró convertirse en la encarnación del espíritu universitario que evitó el desalojo policiaco, aunque haya denunciado la toma ante la PGR y promovido cientos de miles de firmas condenando las acciones violentas que afectaron la normalidad universitaria. Aunque, paradójicamente, admite que nunca se suspendieron las funciones sustantivas de la UNAM: la docencia, la investigación y la difusión.
El uso corporativo de las estructuras para obtener las firmas es un hecho lamentable. También lo fue el desplegado de los ex rectores con vida, con la digna excepción de don Pablo González Casanova.
La UNAM no puede reducirse a su aparato burocrático; la vía para defenderla y fortalecerla es su reforma. A algunos les molesta mucho hablar de cambios en una institución que tiene casi 70 años con su misma estructura jurídica y de gobierno. Ni modo.
Ninguna sociedad o parte de ella, como es la UNAM, puede permanecer inmutable.
Antes que sea muy tarde, estamos a tiempo de construir una reforma universitaria.
Sobre conflicto en la UNAM
Triunfó la razón, no la fuerza, la inteligencia y no la intolerancia. Bien, rector Narro. Esta es la oportunidad de reformar a la UNAM para que sea realmente democrática, donde las decisiones importantes sean tomadas por la mayoría universitaria y en especial por los estudiantes y no sólo por funcionarios designados, nunca elegidos. Que en la UNAM siga prevaleciendo la inteligencia, la razón, la libertad y la conciencia crítica.
Porfirio García de León, profesor de la ENP 8, UNAMEl desalojo de la Torre de Rectoría
Jesús Pacheco Martínez
El acuerdo de desalojar la rectoría entre las autoridades de la universidad y los estudiantes inconformes que la tomaron, nos congratula a muchos universitarios y ciudadanos en general, que rechazábamos cualquier intento de desalojo por la fuerza pública policíaca o militar e incluso por grupos de porros y golpeadores, impulsados por alguna autoridad interna o externa a la UNAM.Dice el rector José Narro Robles, que no hubo de parte de la autoridad universitaria, el judicializar la toma de rectoría, ni el de criminalizar la protesta de los estudiantes inconformes; sin embargo, a lo largo de los 12 días hubo un linchamiento no tan sólo mediático, al cual los mexicanos estamos acostumbrados, sino que dicho linchamiento o como se le llama políticamente, criminalización de la protesta, se vertió a diestra y siniestra por funcionarios y exfuncionarios de la institución, como se manifestó con los documentos de exrectores – salvo la honrosa excepción del Dr. Pablo González Casanova- quién no se prestó al sainete montado por consigna entre universitarios y funcionarios externos a la Casa de Estudios..
Tiene razón Joel Ortega Juárez, en su artículo que reproducimos en este No. 21: “El uso corporativo de las estructuras para obtener las firmas es un hecho lamentable”. Y yo agregaría indigno y desaseado. En dos días y con telón de fondo una campaña mediática juntaron las autoridades más de 110 mil firmas entre estudiantes, académicos y trabajadores y particularmente entre funcionarios, que sirviera como precedente para el desalojo violento o terso, de los vándalos, embozados, antiuniversitarios, posesionados de la rectoría.
Es significativo, que al margen de la posición del rector de no llamar al diálogo y la parafernalia mediática que exigía el recurso de la fuerza pública, dos consensos campearon entre universitarios y en las voces que se manifestaron en medios escritos y que el periódico La Jornada, da razón de ello en su editorial del jueves 2 de mayo de 2013: “Debe destacarse que en los 12 días que duró la toma de la torre de rectoría tuvo lugar una comprometida participación de muchos sectores de la comunidad universitaria en un intenso debate que permitió configurar dos consensos claros: el rechazo a métodos de lucha inaceptables, como fue la incursión en el principal edificio de la autoridad universitaria, por un lado, y por el otro, la convicción de que la intervención policial no podía conducir a una superación del problema, sino que lo ahondaría. Tal debate, en el que se expresó lo mejor del espíritu universitario, fue clave como contrapeso a quienes, por desconocimiento de la Universidad o por designios políticos oscuros, exigían el recurso a la fuerza pública para desalojar la rectoría”. Lo que es lamentable y hay que decirlo, es que lo que propusieron las autoridades como recurso para una negociación y se liberara la rectoría, es decir, una mesa de diálogo para el día 9 de agosto, sobre la actualización de plan y programas de estudio del CCH y que ese diálogo sólo será con quienes se identifiquen como universitarios –cuestión que es correcta- pero que no estarán en esa agenda el caso de los expulsados ni los expedientes de los denunciados ante las autoridades judiciales, considero que se pudo haber logrado en las primeras horas de la toma de la Torre de Rectoría y no esperar los doce largos días que mantuvieron en tensión a la universidad y a la opinión pública del país y más aún en un contexto de protestas y de represión en Estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, dónde los ánimos se han desbordado, ante la imposición de la reforma laboral, llamada reforma educativa y la cerrazón del gobierno federal de no abrir cauces de diálogo, acuerdos y consensos con el magisterio representado particularmente por la CNTE (Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación).
Acerca de la evaluación
Jesús Pacheco Martínez
El investigador Felipe Martínez Rizo exfuncionario del INEE, señaló en un foro sobre evaluación, que en México se requieren alrededor de 10 años para establecer un modelo “de valoración integral del magisterio”, pero tendría que hacerse sin la aplicación de una prueba estandarizada, sin un examen teórico-pedagógico, ni mucho menos con un examen de opción múltiple, que son los instrumentos que la reforma educativa pretende implementar para evaluar a los docentes del país. Y digo de los docentes en general, porque ahora son los de la SEP y de las Secretarías de educación estatales, pero el día de mañana avanzarán con las universidades e institutos de educación superior. Las reformas a los planes y programas de estudio del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM apuntan a la larga en ese sentido.
Otro exfuncionario del INEE, Mario Rueda dice que la evaluación con controles estandarizados que condiciona el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores en el sistema educativo, no va a resolver los problemas, sino que por lo contrario estos se van a profundizar.
La Secretaría de Educación Pública ha fracasado ya cuando menos en dos décadas, al tratar de evaluar a docentes y educandos con mecanismos provenientes de organismos internacionales como la OCDE y han llevado la pretensión de utilizarlos “como instrumentos de estratificación social y por generar oportunidades de negocio para particulares” y aplicando las famosas competencias, dentro de la llamada modernización y actualización educativas (Ver Editorial de La Jornada, del día 4 de mayo de 2013).
Los maestros disidentes de la reforma educativa y agrupados en la CNTE, han presentado una propuesta educativa, alternativa a la oficial y convertida esta en ley. La han hecho llegar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública.
Con el fin de difundir la palabra de los maestros y maestras de la CNTE, publicamos su documento titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos (http://cnteseccion9.wordpress.com/).
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciónHACIA LA EDUCACION QUE NECESITAMOS LOS MEXICANOS
Los que nos manifestamos en contra de esta llamada reforma educativa, somos cientos de miles de trabajadores de la educación de todos los estados del país, integrados en la CNTE. Están en este movimiento representados los trabajadores de la educación de las ciudades y del campo, entre ellas, las entidades federativas con más pobreza, explotación y violencia. Nuestra presencia, en cada comunidad, pueblo y ciudad, nos permite conocer la parte más problemática de la nación y la incapacidad que desde hace décadas, tiene el Estado para ofrecer una educación digna a los niños y jóvenes. Somos los maestros a quienes el país ha encargado desde hace décadas la tarea siempre difícil de formar a millones de estudiantes, siempre con pocos recursos, con escuelas llenas de carencias. Entre ellos está la gran parte de la población escolar que habla una lengua que no es el castellano, que deben trabajar desde pequeños, que llegan a clases sin desayunar y que tarde o temprano se verán obligados a abandonar la escuela. Pero también somos los maestros de la periferia de las poblaciones grandes y pequeñas del norte, de la península y del centro del país, de las colonias y barrios donde, vecinos a la prosperidad de las zonas privilegiadas, abundan los niños y jóvenes con muy poco futuro. Es la parte de México que los gobernantes prefieren ignorar, y ante la que reaccionan con un gran enojo represivo cuando su gente se vuelve consciente y se organiza para protestar. Son los que –con su trabajo mal pagado- contribuyen a la acumulación de riqueza de un país que se precia de ser la décima cuarta potencia económica del mundo pero mantiene a millones en la pobreza.
Precisamente porque no pocos de los maestros que hoy nos manifestamos provenimos de la parte olvidada de México que está en todas las regiones del país, nuestra protesta no sólo tiene raíces sociales muy profundas, sino que se nutre del conocimiento, de una constante discusión, de numerosos foros, conferencias, reuniones, encuentros, libros y materiales impresos que ahora circulan con gran profusión y que convierten a nuestro movimiento magisterial en un lugar de encuentro de ideas e incluso de maneras distintas de ver la educación.
Desde nuestra posición de maestros, comprometidos con el país, reiteradamente hemos dicho que estamos en contra de esta reforma porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre las niñas y niños, los maestros y las escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir. Nada les ofrece desde la educación que sirva para apoyar los esfuerzos personales y colectivos que hacen gran parte de los mexicanos por salir de la pobreza y la subordinación. Al contrario, se trata de una reforma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir descalificando como insuficientes a millones de niños. Esta reforma no habla de rutas, de propósitos capaces de convocar a familias, maestros y estudiantes a modificar el deplorable estado en que se encuentra desde hace décadas la educación nacional. Ofrece sencillamente –aunque ahora como mandato constitucional y legal- básicamente las mismas estrategias que se anunciaron y que se han aplicado –sin éxito- desde 1992: medir, vigilar, estimular y, sobre todo ahora, castigar.
Los maestros hemos denunciado que la reforma educativa es la puerta de entrada a una etapa de supervisión y sanciones contra los maestros y eso se confirma ahora con las propuestas de norma para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y modificaciones a la Ley General de Educación (LGE). Ahí aparece como una reforma profundamente autoritaria, que fortalece la burocracia, el centralismo y la uniformidad, que establece una nube de controles y reglas en torno a la escuela y que se apoya en una evaluación formalista y vertical para perseguir maestros, pero incapaz de generar procesos de transformación. Es decir, una reforma administrativa y laboral, que está muy lejos de ser educativa.
Proponemos una verdadera transformación educativa, que arranque con un planteamiento desde el núcleo mismo del proceso educativo, que sea capaz de movilizar en torno suyo a los actores y fuerzas sociales más importantes en la educación.
Proponemos una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales; que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades y regiones.
Una educación fincada en la memoria histórica de nuestro pueblo, pero abierta a la cultura y el conocimiento universal, con una visión amplia de la ciencia y las humanidades. Una educación sólidamente anclada en la autonomía y la participación democrática dentro y fuera del aula.
Es decir, un proceso educativo que esté orientado a la formación de mujeres y hombres sabios, autónomos, críticos, solidarios, preocupados por el bienestar de todos y especialmente por el de su comunidad y familia. Una educación que no se finca en la separación clasista entre educación técnica y propedéutica, sino que integra ambas dimensiones en una sola formación de alto nivel y amplios horizontes. Se trata, además, de convertir al proceso educativo en un espacio de creatividad, exploración y participación, libre de rigideces y fincado en la curiosidad, el compromiso responsable de maestros, estudiantes y de la comunidad; y en el interés y compromiso solidario de los niños y jóvenes por lo que ocurre a su alrededor. Por otro lado, se busca que esta educación esté disponible a todos los habitantes del país, por lejana y pequeña que sea su comunidad y por enorme que sea el número de aspirantes a las escuelas e instituciones en las ciudades. Y esta educación -creativa y para todos- es una responsabilidad de la sociedad que asume el Estado a través de la educación pública, gratuita y laica.
Para alcanzar un proceso educativo como el arriba descrito la ruta no es mediante una reforma administrativa y laboral como la que hoy está en la agenda gubernamental, sino que es necesario reforzar en el marco legal y en la Constitución lo que ya existe: que la educación debe ser para todos, en todos los niveles, y es necesario también recuperar en los planes y programas de estudio las lecciones pedagógicas antiguas y modernas que nos permitan ofrecer a niños y jóvenes una educación a profundidad, amplia y de alto nivel; en consecuencia, deben transformarse los libros de texto, manteniendo su gratuidad.
Requiere además de un planteamiento diferente en la relación entre la comunidad y la escuela a fin de que puedan generarse procesos de conocimiento desde la comunidad, con el apoyo de los colectivos escolares y con maestros específicamente dedicados a esta tarea en coordinación con los padres de familia.
Supone también un esfuerzo financiero del 12 por ciento del PIB para la educación[1] a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, equipamiento y número de maestros. Exigimos que todos los centros escolares del país cuenten con las condiciones óptimas materiales y humanas para desarrollar su labor.
Requiere de un planteamiento serio de actualización para los maestros en servicio en todos los niveles de educación. Se necesita de un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el analfabetismo.
Demandamos al Gobierno Federal, a la Secretaria de Educación Pública, al Poder Legislativo y Judicial, ABROGAR la reforma educativa (a los artículos 3º y 73 Constitucionales) e iniciar, en lo inmediato, un debate nacional y popular sobre la situación de la educación pública y las medidas para realmente mejorarla y fortalecerla.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratifica su compromiso de participar en el debate y en la construcción de propuestas viables y pertinentes para alcanzar la justicia social en nuestro país.
Proponemos una ruta con foros en escuelas, zonas escolares, regiones, estados y a nivel nacional, propiciando una amplia consulta y participación de los maestros, estudiantes, padres de familia, investigadores y demás sectores de las comunidades.
La importancia de este planteamiento radica en que la llamada reforma educativa no surgió de un proceso de amplia participación y no puede llamarse democrática. Introducida como iniciativa presidencial el 10 de diciembre 2012, fue aprobada apenas días después, de manera sumamente apresurada, sin un debate parlamentario y por supuesto sin una consulta más amplia a la sociedad y grupos y personas interesadas. Autoritaria en su origen, la actual reforma ni siquiera intenta ser democrática en su orientación y contenidos. No tiene una propuesta pedagógica respecto de procesos educativos alternos orientados a la democracia, ni tampoco respecto de una forma de conducción escolar asentada en la participación de los actores escolares. Por el contrario, es una modificación constitucional que a juzgar por las propuestas de leyes reglamentarias, dibuja un perfil autoritario, restrictivo y rígido al interior del proceso educativo.
[1] El PIB de México en 2012 fue de 15 billones 503 mil millones de pesos, con base en la recomendación de la UNESCO de destinar el 12 % del PIB a educación debería ser de 1 billón 860 mil millones de pesos; para el 2013 el presupuesto educativo es de apenas 567 mil 379 millones de pesos, que equivalen al 3.78 % del PIB.
En contraparte, planteamos la importancia de que además de la formación en conocimientos, esta debe apuntar a convertir a los estudiantes en verdaderos ciudadanos –concientes y preocupados por “el interés general de la sociedad” (Art. 3º constitucional). En ese sentido, la escuela debe ser una comunidad que se desarrolle en un clima de libertad, en ausencia del miedo y normada por los acuerdos y lineamientos que en sus respectivos ámbitos construyan los estudiantes y maestros a nivel de aula, escuela y relación con la comunidad.
Acuerdos que favorezcan la formación de los estudiantes en el descubrimiento y el conocimiento de las dinámicas de responsabilidad y éticas ciudadanas, dentro y fuera de la escuela. Rechazamos la concepción de que la escuela debe copiar la estructura y clima de una empresa. Porque se propone que debe estar a cargo de un carismático gerente que comanda a un grupo de empleados (maestros) y garantiza a sus clientes (estudiantes y padres de familia) un buen servicio (la calidad).
Rechazamos la concepción de que la educación es un ejercicio de subordinación donde el estudiante es sólo un alumno pasivo que recibe información y que luego debe dar cuenta de ella en un examen estandarizado. Estos rasgos muestran que la idea de “educación de calidad” en realidad es un proceso de educación mercantilizado y autoritario que subordina a estudiantes y profesores).
En contraposición debemos comenzar a discutir cómo vamos a hacer que nuestra educación sea autónoma, de tal manera que nuestras escuelas tengan mayor libertad para, en el marco de una educación nacional. Definir cómo deben ser los planes y programas, los contenidos y las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula que permitan a nuestra educación responder a los rezagos, a las necesidades tan diversas de niños y jóvenes de decenas de culturas distintas, del campo y de la ciudad, del norte y del centro y sur del país, desde Yucatán hasta Baja California. Una autonomía que permita dejar atrás la cultura de la uniformidad, de un solo libro de texto gratuito, una misma evaluación para estudiantes y docentes de todo el país. Debemos construir un marco nacional legal y educativo que sea capaz de arropar y propiciar –no limitar- la exuberante riqueza de expresiones culturales y educativas a niveles locales y regionales. No necesitamos tener lo que hoy vivimos: una autoridad federal y central cuya ocupación fundamental en estos días es rechazar las iniciativas de normatividad y proyecto de la educación que surge desde las regiones y entidades federativas.
Esta autonomía no es sinónimo para que los gobiernos estatales y federal, abandonen o disminuyan su responsabilidad en el financiamiento de la educación pública como estipula el Transitorio Quinto, Fracción III, inciso a) de la reforma a los artículos 3º y 73 Constitucionales: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que correspondan con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos…”
La CNTE demanda, para garantizar la equidad en la educación, la dotación de útiles escolares, uniformes y calzado, así como becas y la dotación de libros en todos los niveles educativos.
El actual intento de reforma de la educación atenta directamente contra lo que es este país: un mosaico de culturas, regiones, lenguas y economías distintas. Atenta también contra la definición que de nuestro país hace la constitución cuando señala que “la nación mexicana tiene una composición pluricultural” (Art. 4º Constitucional). Para un país enorme y profundamente diverso la reforma que se impone plantea un solo organismo (el Instituto Nacional de Evaluación Educativa) como el gran vigilante, una “autoridad a nivel nacional, en materia de evaluación educativa”, que –para prolongarse en una estructura aún más vertical y burocrática- será la cabeza de todo un “Sistema Nacional de Evaluación Educativa” (Art. 6 propuesta de Ley INEE). Establece, además, como algo constitucional del país, “la medición” (Art. 3º. reformado), la forma más superficial, discriminatoria y uniformadora de evaluar. Con todo esto, todos los maestros y estudiantes, desde los de la Sierra Norte de Puebla hasta los de las zonas residenciales de las grandes ciudades, pasando por las colonias periféricas y las escuelas rurales, serán evaluados con una medida única, como si este fuera un país de una sola lengua, homogéneo y básicamente igualitario. En lugar del camino hacia el fortalecimiento de nuestras múltiples identidades y construir a partir de ellas un país de potencialidades diversas, se perfila un futuro educativo de una, todavía más, poderosa y avasalladora centralización de la educación.
El nuevo marco legal que se propone para la educación refuerza esa tendencia al centralismo y el carácter único de la educación y de la evaluación cuando señalan que “las entidades federativas mantendrán sus legislaciones acordes con esta ley” (Art. 1º en propuesta de LGSPD). Por cierto, una ley tan detallada que prácticamente no se deja resquicio alguno para que se manifieste otra de las características esenciales del país: su constitución en torno a un pacto de entidades soberanas: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior” (Art. 40).
Las nuevas modificaciones que se impulsan eliminan facultades que todavía hoy tienen las entidades federativas, como, por ejemplo, la de realizar evaluaciones por su cuenta (propuesta de modificación al Art. 29, LGE).
En contraparte, nosotros proponemos una evaluación distinta, de abajo hacia arriba. Una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación. A partir de estos procesos de evaluación que comprometen a estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y autoridades con la definición y solución de la problemática local y regional, es posible construir a nivel nacional y desde abajo políticas educativas ampliamente consensadas con los actores. Son procesos que sirven además para definir la amplitud, contenidos y también las formas que deben adoptar los programas de formación permanente del magisterio, permiten detectar además de manera tangible e inequívoca las insuficiencias en infraestructura y equipos, y servirán finalmente para recuperar ejemplos de iniciativas concretas que de manera espontánea y sistemática han venido estableciendo grupos de escuelas, regiones y entidades federativas. Es indispensable, sin embargo, que estos procesos de evaluación sean apoyados con asesorías expertas y estudios descriptivos y de diagnóstico que permitan que desde otros ángulos de visión se analice la problemática de la educación y que así se fortalezcan aún más los procesos de mejora.
Estos procesos deben también ser apoyados por cambios constitucionales y legales que al mismo tiempo que establecen los grandes propósitos de la educación y sus condiciones mínimas, crean un marco donde las regiones del país puedan expresar y responder a sus necesidades en el marco del federalismo y una sola nación y también una sola, pero diversa, educación.
Una propuesta de evaluación y mejoramiento de la educación como esta, que involucra directa y sistemáticamente a los actores del proceso educativo y a padres de familia, comunidades, hace posible generar un dinamismo de participación y compromiso con el proyecto mucho más profundo que el que puede desatar un proceso autoritario, vertical, centrado en torno a las autoridades y con rasgos laborales persecutorios y represivos claramente en contra del 123 constitucional. La poderosa fuerza de la participación real de los actores ha estado sistemáticamente ausente de las iniciativas y reformas verticales de las últimas décadas y ahora, una vez más, se pretende dejar afuera.
Proponemos que en cada escuela se forme un Consejo de Evaluación electo por la comunidad, que considere diversos elementos como las condiciones materiales del plantel, el trabajo docente, la carga administrativa, asistencia regular de alumnos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas, etc. Este modelo debe reproducirse a nivel estatal.
Necesitamos un salario digno y la garantía de contar con nuestro empleo, por eso, demandamos que ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de la medición punitiva que hoy se nos quiere imponer, antes bien, exigimos implementar un programa de basificación masiva para los trabajadores de la educación que hoy cubren plazas temporales.
Una verdadera transformación educativa no debe de dejar fuera a las instituciones formadoras de docentes. Estamos de acuerdo en generar una refundación de las escuelas normales para fortalecer su misión histórica. La discusión debe girar en por lo menos tres ámbitos: ético, político y epistemológico. Ratificamos nuestra lucha por la defensa y fortalecimiento del normalismo mexicano. Demandamos la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, quienes fueron acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho correspondiente.
La democracia no sólo debe pasar por el ámbito educativo y su conducción, también debe cruzar por ofrecer a los maestros el derecho elemental de elegir libremente a sus representantes sindicales, negado durante décadas por el gobierno federal, gobiernos estatales y por la cúpula que ha secuestrado a nuestro sindicato. Demandamos la realización de Congresos Estatales y Congreso Nacional para elegir a una representación por los maestros de base. Es impostergable la DEMOCRATIZACIÓN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Exigimos el cese a la represión administrativa, física, psicológica y penal en contra de cualquier militante de la CNTE, particularmente en contra de los compañeros del Estado de Guerrero. Asumimos plenamente las demandas de todos nuestros contingentes, así como de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, y estudiantiles.
Con la fuerza de la movilización seguiremos reivindicando nuestro derecho, el de los padres de familia y estudiantes de todos los niveles a ser escuchados. Llamamos a un diálogo serio y responsable al gobierno federal y a los poderes legislativo y judicial, que permita la solución a las legítimas demandas y reivindicaciones
Precisamente porque no pocos de los maestros que hoy nos manifestamos provenimos de la parte olvidada de México que está en todas las regiones del país, nuestra protesta no sólo tiene raíces sociales muy profundas, sino que se nutre del conocimiento, de una constante discusión, de numerosos foros, conferencias, reuniones, encuentros, libros y materiales impresos que ahora circulan con gran profusión y que convierten a nuestro movimiento magisterial en un lugar de encuentro de ideas e incluso de maneras distintas de ver la educación.
Desde nuestra posición de maestros, comprometidos con el país, reiteradamente hemos dicho que estamos en contra de esta reforma porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre las niñas y niños, los maestros y las escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir. Nada les ofrece desde la educación que sirva para apoyar los esfuerzos personales y colectivos que hacen gran parte de los mexicanos por salir de la pobreza y la subordinación. Al contrario, se trata de una reforma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir descalificando como insuficientes a millones de niños. Esta reforma no habla de rutas, de propósitos capaces de convocar a familias, maestros y estudiantes a modificar el deplorable estado en que se encuentra desde hace décadas la educación nacional. Ofrece sencillamente –aunque ahora como mandato constitucional y legal- básicamente las mismas estrategias que se anunciaron y que se han aplicado –sin éxito- desde 1992: medir, vigilar, estimular y, sobre todo ahora, castigar.
Los maestros hemos denunciado que la reforma educativa es la puerta de entrada a una etapa de supervisión y sanciones contra los maestros y eso se confirma ahora con las propuestas de norma para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y modificaciones a la Ley General de Educación (LGE). Ahí aparece como una reforma profundamente autoritaria, que fortalece la burocracia, el centralismo y la uniformidad, que establece una nube de controles y reglas en torno a la escuela y que se apoya en una evaluación formalista y vertical para perseguir maestros, pero incapaz de generar procesos de transformación. Es decir, una reforma administrativa y laboral, que está muy lejos de ser educativa.
Proponemos una verdadera transformación educativa, que arranque con un planteamiento desde el núcleo mismo del proceso educativo, que sea capaz de movilizar en torno suyo a los actores y fuerzas sociales más importantes en la educación.
Proponemos una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales; que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades y regiones.
Una educación fincada en la memoria histórica de nuestro pueblo, pero abierta a la cultura y el conocimiento universal, con una visión amplia de la ciencia y las humanidades. Una educación sólidamente anclada en la autonomía y la participación democrática dentro y fuera del aula.
Es decir, un proceso educativo que esté orientado a la formación de mujeres y hombres sabios, autónomos, críticos, solidarios, preocupados por el bienestar de todos y especialmente por el de su comunidad y familia. Una educación que no se finca en la separación clasista entre educación técnica y propedéutica, sino que integra ambas dimensiones en una sola formación de alto nivel y amplios horizontes. Se trata, además, de convertir al proceso educativo en un espacio de creatividad, exploración y participación, libre de rigideces y fincado en la curiosidad, el compromiso responsable de maestros, estudiantes y de la comunidad; y en el interés y compromiso solidario de los niños y jóvenes por lo que ocurre a su alrededor. Por otro lado, se busca que esta educación esté disponible a todos los habitantes del país, por lejana y pequeña que sea su comunidad y por enorme que sea el número de aspirantes a las escuelas e instituciones en las ciudades. Y esta educación -creativa y para todos- es una responsabilidad de la sociedad que asume el Estado a través de la educación pública, gratuita y laica.
Para alcanzar un proceso educativo como el arriba descrito la ruta no es mediante una reforma administrativa y laboral como la que hoy está en la agenda gubernamental, sino que es necesario reforzar en el marco legal y en la Constitución lo que ya existe: que la educación debe ser para todos, en todos los niveles, y es necesario también recuperar en los planes y programas de estudio las lecciones pedagógicas antiguas y modernas que nos permitan ofrecer a niños y jóvenes una educación a profundidad, amplia y de alto nivel; en consecuencia, deben transformarse los libros de texto, manteniendo su gratuidad.
Requiere además de un planteamiento diferente en la relación entre la comunidad y la escuela a fin de que puedan generarse procesos de conocimiento desde la comunidad, con el apoyo de los colectivos escolares y con maestros específicamente dedicados a esta tarea en coordinación con los padres de familia.
Supone también un esfuerzo financiero del 12 por ciento del PIB para la educación[1] a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, equipamiento y número de maestros. Exigimos que todos los centros escolares del país cuenten con las condiciones óptimas materiales y humanas para desarrollar su labor.
Requiere de un planteamiento serio de actualización para los maestros en servicio en todos los niveles de educación. Se necesita de un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el analfabetismo.
Demandamos al Gobierno Federal, a la Secretaria de Educación Pública, al Poder Legislativo y Judicial, ABROGAR la reforma educativa (a los artículos 3º y 73 Constitucionales) e iniciar, en lo inmediato, un debate nacional y popular sobre la situación de la educación pública y las medidas para realmente mejorarla y fortalecerla.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratifica su compromiso de participar en el debate y en la construcción de propuestas viables y pertinentes para alcanzar la justicia social en nuestro país.
Proponemos una ruta con foros en escuelas, zonas escolares, regiones, estados y a nivel nacional, propiciando una amplia consulta y participación de los maestros, estudiantes, padres de familia, investigadores y demás sectores de las comunidades.
La importancia de este planteamiento radica en que la llamada reforma educativa no surgió de un proceso de amplia participación y no puede llamarse democrática. Introducida como iniciativa presidencial el 10 de diciembre 2012, fue aprobada apenas días después, de manera sumamente apresurada, sin un debate parlamentario y por supuesto sin una consulta más amplia a la sociedad y grupos y personas interesadas. Autoritaria en su origen, la actual reforma ni siquiera intenta ser democrática en su orientación y contenidos. No tiene una propuesta pedagógica respecto de procesos educativos alternos orientados a la democracia, ni tampoco respecto de una forma de conducción escolar asentada en la participación de los actores escolares. Por el contrario, es una modificación constitucional que a juzgar por las propuestas de leyes reglamentarias, dibuja un perfil autoritario, restrictivo y rígido al interior del proceso educativo.
[1] El PIB de México en 2012 fue de 15 billones 503 mil millones de pesos, con base en la recomendación de la UNESCO de destinar el 12 % del PIB a educación debería ser de 1 billón 860 mil millones de pesos; para el 2013 el presupuesto educativo es de apenas 567 mil 379 millones de pesos, que equivalen al 3.78 % del PIB.
En contraparte, planteamos la importancia de que además de la formación en conocimientos, esta debe apuntar a convertir a los estudiantes en verdaderos ciudadanos –concientes y preocupados por “el interés general de la sociedad” (Art. 3º constitucional). En ese sentido, la escuela debe ser una comunidad que se desarrolle en un clima de libertad, en ausencia del miedo y normada por los acuerdos y lineamientos que en sus respectivos ámbitos construyan los estudiantes y maestros a nivel de aula, escuela y relación con la comunidad.
Acuerdos que favorezcan la formación de los estudiantes en el descubrimiento y el conocimiento de las dinámicas de responsabilidad y éticas ciudadanas, dentro y fuera de la escuela. Rechazamos la concepción de que la escuela debe copiar la estructura y clima de una empresa. Porque se propone que debe estar a cargo de un carismático gerente que comanda a un grupo de empleados (maestros) y garantiza a sus clientes (estudiantes y padres de familia) un buen servicio (la calidad).
Rechazamos la concepción de que la educación es un ejercicio de subordinación donde el estudiante es sólo un alumno pasivo que recibe información y que luego debe dar cuenta de ella en un examen estandarizado. Estos rasgos muestran que la idea de “educación de calidad” en realidad es un proceso de educación mercantilizado y autoritario que subordina a estudiantes y profesores).
En contraposición debemos comenzar a discutir cómo vamos a hacer que nuestra educación sea autónoma, de tal manera que nuestras escuelas tengan mayor libertad para, en el marco de una educación nacional. Definir cómo deben ser los planes y programas, los contenidos y las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula que permitan a nuestra educación responder a los rezagos, a las necesidades tan diversas de niños y jóvenes de decenas de culturas distintas, del campo y de la ciudad, del norte y del centro y sur del país, desde Yucatán hasta Baja California. Una autonomía que permita dejar atrás la cultura de la uniformidad, de un solo libro de texto gratuito, una misma evaluación para estudiantes y docentes de todo el país. Debemos construir un marco nacional legal y educativo que sea capaz de arropar y propiciar –no limitar- la exuberante riqueza de expresiones culturales y educativas a niveles locales y regionales. No necesitamos tener lo que hoy vivimos: una autoridad federal y central cuya ocupación fundamental en estos días es rechazar las iniciativas de normatividad y proyecto de la educación que surge desde las regiones y entidades federativas.
Esta autonomía no es sinónimo para que los gobiernos estatales y federal, abandonen o disminuyan su responsabilidad en el financiamiento de la educación pública como estipula el Transitorio Quinto, Fracción III, inciso a) de la reforma a los artículos 3º y 73 Constitucionales: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que correspondan con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos…”
La CNTE demanda, para garantizar la equidad en la educación, la dotación de útiles escolares, uniformes y calzado, así como becas y la dotación de libros en todos los niveles educativos.
El actual intento de reforma de la educación atenta directamente contra lo que es este país: un mosaico de culturas, regiones, lenguas y economías distintas. Atenta también contra la definición que de nuestro país hace la constitución cuando señala que “la nación mexicana tiene una composición pluricultural” (Art. 4º Constitucional). Para un país enorme y profundamente diverso la reforma que se impone plantea un solo organismo (el Instituto Nacional de Evaluación Educativa) como el gran vigilante, una “autoridad a nivel nacional, en materia de evaluación educativa”, que –para prolongarse en una estructura aún más vertical y burocrática- será la cabeza de todo un “Sistema Nacional de Evaluación Educativa” (Art. 6 propuesta de Ley INEE). Establece, además, como algo constitucional del país, “la medición” (Art. 3º. reformado), la forma más superficial, discriminatoria y uniformadora de evaluar. Con todo esto, todos los maestros y estudiantes, desde los de la Sierra Norte de Puebla hasta los de las zonas residenciales de las grandes ciudades, pasando por las colonias periféricas y las escuelas rurales, serán evaluados con una medida única, como si este fuera un país de una sola lengua, homogéneo y básicamente igualitario. En lugar del camino hacia el fortalecimiento de nuestras múltiples identidades y construir a partir de ellas un país de potencialidades diversas, se perfila un futuro educativo de una, todavía más, poderosa y avasalladora centralización de la educación.
El nuevo marco legal que se propone para la educación refuerza esa tendencia al centralismo y el carácter único de la educación y de la evaluación cuando señalan que “las entidades federativas mantendrán sus legislaciones acordes con esta ley” (Art. 1º en propuesta de LGSPD). Por cierto, una ley tan detallada que prácticamente no se deja resquicio alguno para que se manifieste otra de las características esenciales del país: su constitución en torno a un pacto de entidades soberanas: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior” (Art. 40).
Las nuevas modificaciones que se impulsan eliminan facultades que todavía hoy tienen las entidades federativas, como, por ejemplo, la de realizar evaluaciones por su cuenta (propuesta de modificación al Art. 29, LGE).
En contraparte, nosotros proponemos una evaluación distinta, de abajo hacia arriba. Una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación. A partir de estos procesos de evaluación que comprometen a estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y autoridades con la definición y solución de la problemática local y regional, es posible construir a nivel nacional y desde abajo políticas educativas ampliamente consensadas con los actores. Son procesos que sirven además para definir la amplitud, contenidos y también las formas que deben adoptar los programas de formación permanente del magisterio, permiten detectar además de manera tangible e inequívoca las insuficiencias en infraestructura y equipos, y servirán finalmente para recuperar ejemplos de iniciativas concretas que de manera espontánea y sistemática han venido estableciendo grupos de escuelas, regiones y entidades federativas. Es indispensable, sin embargo, que estos procesos de evaluación sean apoyados con asesorías expertas y estudios descriptivos y de diagnóstico que permitan que desde otros ángulos de visión se analice la problemática de la educación y que así se fortalezcan aún más los procesos de mejora.
Estos procesos deben también ser apoyados por cambios constitucionales y legales que al mismo tiempo que establecen los grandes propósitos de la educación y sus condiciones mínimas, crean un marco donde las regiones del país puedan expresar y responder a sus necesidades en el marco del federalismo y una sola nación y también una sola, pero diversa, educación.
Una propuesta de evaluación y mejoramiento de la educación como esta, que involucra directa y sistemáticamente a los actores del proceso educativo y a padres de familia, comunidades, hace posible generar un dinamismo de participación y compromiso con el proyecto mucho más profundo que el que puede desatar un proceso autoritario, vertical, centrado en torno a las autoridades y con rasgos laborales persecutorios y represivos claramente en contra del 123 constitucional. La poderosa fuerza de la participación real de los actores ha estado sistemáticamente ausente de las iniciativas y reformas verticales de las últimas décadas y ahora, una vez más, se pretende dejar afuera.
Proponemos que en cada escuela se forme un Consejo de Evaluación electo por la comunidad, que considere diversos elementos como las condiciones materiales del plantel, el trabajo docente, la carga administrativa, asistencia regular de alumnos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas, etc. Este modelo debe reproducirse a nivel estatal.
Necesitamos un salario digno y la garantía de contar con nuestro empleo, por eso, demandamos que ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de la medición punitiva que hoy se nos quiere imponer, antes bien, exigimos implementar un programa de basificación masiva para los trabajadores de la educación que hoy cubren plazas temporales.
Una verdadera transformación educativa no debe de dejar fuera a las instituciones formadoras de docentes. Estamos de acuerdo en generar una refundación de las escuelas normales para fortalecer su misión histórica. La discusión debe girar en por lo menos tres ámbitos: ético, político y epistemológico. Ratificamos nuestra lucha por la defensa y fortalecimiento del normalismo mexicano. Demandamos la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, quienes fueron acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho correspondiente.
La democracia no sólo debe pasar por el ámbito educativo y su conducción, también debe cruzar por ofrecer a los maestros el derecho elemental de elegir libremente a sus representantes sindicales, negado durante décadas por el gobierno federal, gobiernos estatales y por la cúpula que ha secuestrado a nuestro sindicato. Demandamos la realización de Congresos Estatales y Congreso Nacional para elegir a una representación por los maestros de base. Es impostergable la DEMOCRATIZACIÓN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Exigimos el cese a la represión administrativa, física, psicológica y penal en contra de cualquier militante de la CNTE, particularmente en contra de los compañeros del Estado de Guerrero. Asumimos plenamente las demandas de todos nuestros contingentes, así como de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, y estudiantiles.
Con la fuerza de la movilización seguiremos reivindicando nuestro derecho, el de los padres de familia y estudiantes de todos los niveles a ser escuchados. Llamamos a un diálogo serio y responsable al gobierno federal y a los poderes legislativo y judicial, que permita la solución a las legítimas demandas y reivindicaciones
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
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