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Documento completo leído por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, que es la propuesta de Reforma Energética presentada al Congreso de la Unión por el Partido de la Revolución Democrática: Monumento a la Revolución.

La propuesta de reforma del sector energético que ahora se presenta con una visión nacionalista y progresista, corresponde a la de un país que busca el rescate y ejercicio pleno de su soberanía (no una nación que día a día ceda soberanía y acreciente su dependencia), que cuente con una industria energética conductora del crecimiento económico y de la industrialización (no al servicio de intereses ajenos), con organismos operadores (en este caso Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) saneados de corrupción, que operen con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia.

Las reformas que se proponen se enmarcan en una política petrolera con los objetivos siguientes:
 
• Prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional de hidrocarburos.
• Para obtener los mayores beneficios de los recursos naturales y frente a una perspectiva de autosuficiencia a corto plazo del cliente principal de las actuales exportaciones mexicanas de crudo, disminuir gradualmente, al ritmo más rápido posible, las exportaciones de este recurso, para transformarlo industrialmente en el país.

Lunes 19 de agosto en el Monumento a la Revolución. Noticieros Televisa, 19 de agosto de 2013

• Desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales.
• Aumentar la capacidad de refinación: de inmediato en 600 mil barriles diarios (capacidad de refinación que podría estar disponible en 2017) e iniciar nuevas instalaciones, en 2017, con capacidad del orden de 300 barriles diarios más.
• Fomentar nuevas inversiones privadas y públicas en la industria petroquímica y en la construcción de gasoductos.
• Incrementar la exploración y reposición de reservas, como mínimo del 100% de los volúmenes extraídos y exportar sólo los volúmenes que excedan las necesidades internas y la propia reposición.
• Crear estímulos para fomentar el uso de vehículos automotores que no utilicen combustibles con origen en los hidrocarburos: existen ya vehículos que utilizan baterías de hidrógeno y electricidad para su locomoción.
• Un primer paso para disminuir el consumo de combustibles con origen en los hidrocarburos, debiera ser la obligación de adicionar etanol a las gasolinas en porcentajes de 10 a 15%, lo que no demanda cambios en los motores de combustión interna actuales.
 
De manera concreta, nuestras iniciativas pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

• Conceder autonomía presupuestal y de gestión de Pemex y CFE.  Se otorga esta autonomía para ejercer los recursos aprobados en función del  Plan de Negocios de Pemex y las necesidades energéticas del país.
.Sacar a Pemex y a la CFE del presupuesto federal y del control de la Secretaría de Hacienda a través de:
 Transformar a Pemex y a la CFE en empresas públicas; y
 Un nuevo gobierno corporativo para Pemex.
• Se reintegra verticalmente Pemex en una sola entidad, desapareciendo los organismos subsidiarios.
• Reducir la carga fiscal de Pemex.

 
 
Cambia también la composición del Consejo de Administración de Pemex. Salen de él el Secretario de Hacienda y cuatro representantes más del Ejecutivo, quedando sólo el Secretario de Energía, que continúa presidiéndolo; salen igualmente los cinco representantes sindicales, que dejan así de ser juez y parte. Además de su presidente, el Consejo estará integrado por el Director de la Comisión Federal de Electricidad (es indispensable una adecuada coordinación dentro del sector energético) y siete consejeros profesionales, que al igual que el Director General de la empresa, serán designados por el jefe del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.
 
La Comisión Nacional de Electricidad se establece también como una empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión, mediante la reforma de la  Ley del servicio público de energía eléctrica. Su Junta de Gobierno se modifica: formarán parte de ella el Secretario de Energía, que la preside, y el de Economía, el Director General de Petróleos Mexicanos y seis consejeros profesionales, que serán, al igual que el Director, nombrados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado.
 
En el año 2008 se expidió la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que al reformarse se convertirá en la  Ley de energías renovables. El objeto de esta ley (Artículo 1º.) es “…regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad  con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.”
 
Al regular en esta ley secundaria el aprovechamiento de recursos renovables y  de las tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica con fines distintos a la prestación del servicio público, se colocó a la estrategia de transición energética, por una parte, en un espacio reducido y en continuo riesgo de parálisis por invasión de la esfera del servicio público, desalentándose a los sectores privados para la producción de estas energías, lo que va en contra de la lógica y las necesidades de la transición; por la otra, contradictoriamente, en un marco regulatorio para que sean las empresas privadas las que se hagan cargo y monopolicen el desarrollo de las energías renovables.
 
En la nueva  Ley de energías renovables se ha considerado pertinente reformar la actual definición de generador, que se debe reducir, de acuerdo a la fracción I del  artículo 3° de la Ley del servicio público de energía eléctrica, a quienes generan para autoabastecimiento, cogeneración o para la pequeña producción.
 
En la Ley de energías renovables, de aprobarse, se mandata a la CFE para que invierta y desarrolle en la producción de energías de fuentes renovables, y se establece que la capacidad de los proyectos autorizados a los generadores no rebase la que desarrolle la CFE, en una perspectiva hacia el 2024, cuando se deberá estar generando al menos un 35% del total con energías limpias.
 
Con objeto de fomentar el desarrollo de estas energías por pequeños productores y empresas del sector social, la ley establece que la generación que produzcan sea recibida por el Sistema Eléctrico Nacional, independientemente de las capacidades desarrolladas vía autoabastecimiento y cogeneración.
En resumen, nuestra propuesta incluye la modificación de doce leyes secundarias o reglamentarias y la expedición de la Ley del Fondo de excedentes petroleros. No se plantean reformas constitucionales, porque para los fines que se persiguen de modernizar el sector energético y lograr de él una cada vez mayor y mejor contribución al desarrollo independiente del país, no se consideran necesarias.
 
De aquí, nuestros compañeros legisladores llevarán las iniciativas para las reformas de estos ordenamientos a la Comisión Permanente del Congreso, la que al iniciarse en próximo periodo de sesiones ordinario, las remitirá al Senado.
 
¿Por qué la iniciativa del Ejecutivo se ha reducido hasta ahora a dar a conocer las reformas que propone de los artículos 27 y 28 de la Constitución y nada sobre leyes secundarias? ¿Por qué la campaña propagandística oficial se ha centrado en el 27 y nada se menciona del 28? El titular del Ejecutivo, lo decía antes, en su iniciativa de reforma energética se limita a plantear modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales. En el discurso, se hacen sólo referencias vagas a posibles reformas de leyes secundarias. Más allá de la denominación, tampoco señala cómo serán en la práctica los  contratos de utilidad compartida. ¿Se comparte la utilidad en dinero, se comparte en producto, se establecerán límites a las proporciones del Estado y las de los particulares? En un sentido todo queda claro, en otro nada se define.
 
El alud propagandístico se concentra en el 27, pero la reforma más grave, la más perjudicial, es la que derivará de la reforma al 28: con ella, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos (y consecuentemente el manejo y cuidado de las reservas), hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte.
 
Por más que en el medio oficial ahora no se hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de toda la cadena productiva del petróleo, substituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria petrolera, por particulares.

La iniciativa del gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga. Es una iniciativa que va contra el interés general de los mexicanos. Es, sin lugar a dudas, una iniciativa lesiva a los interesas de la Nación, una iniciativa antipatriótica.

Pongámonos en el escenario más desfavorable: que por mayoría, el Congreso apruebe, con el voto en contra de los legisladores patriotas, las reformas propuestas por el Ejecutivo de los artículos 27 y 28 constitucionales. Propongámonos entonces, pero empecemos a organizarnos desde ahora, me arrogo la facultad de convocarlos, para que oportunamente tengamos el millón 630 mil electores inscritos en la lista nominal, y muchos más, estoy seguro que podemos, para presentar a las autoridades nuestra demanda para que convoque a una consulta sobre si mantienen vigencia o no las reformas al 27 y 28 constitucionales, consulta que tendría que realizarse concurrente con la próxima elección federal que renueve la Cámara de Diputados. Convoquémonos para echar para atrás las reformas del 27 y 28, si se diera la desgracia que en este periodo legislativo fueran aprobadas.