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LA PALABRA
No.56, abril de 2014
Publicación periódica de opinión. Responsables: Prof. Jesús Pacheco Martínez y Profra. Irma Clemencia Lara Martínez.
www.lapalabrareflexion.mex.tl
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http://www.youtube.com/user/Lapalabrareflexion?feature=watch
Rosalío Luis Aguilar Almazán, nuevo director del CCH Sur.
Jesús Pacheco Martínez
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La primera diferencia que debe establecer una autoridad al ser electa o designada, es el saber distinguir entre tener autoridad o ser una autoridad. Erich Fromm nos ha enseñado, que una autoridad que se desarrolla en el modo de tener (que es un modo de vivir la vida), basa su autoridad en la investidura que le ha sido conferida, por otra autoridad de mayor alto rango, por lo que por lo general, tenderá a utilizar los mecanismos de presión y la estructura de poder, para ejercer el principio de autoridad y que está tendrá que ser obedecida.
Por lo contrario, la autoridad en el modo de ser procura ser racional y afectiva a la vez, somete su razón a la razón de los otros mediante el diálogo, la búsqueda de acuerdos y de consensos.
Espero que el actual director recién nombrado, se oriente por este modo de actuar frente a la comunidad. Y es que en el aquí y en el ahora, la sociedad reclama cambios en el modo de hacer la política. Aprender a persuadir para que se observe una norma, una ley o un reglamento, es una forma de convencer con argumentos la necesidad de dicha observancia, pero a la vez permitir ser persuadido por quienes reclaman un derecho, una demanda o la solución a un problema, que aunque no esté en sus manos la solución, puede ser el canal hacia otras instancias de la institución.
Una autoridad debe desarrollar la virtud de la vocación de servicio a la comunidad. Servir, no significa actuar con humillación ante los otros, sino actuar con humildad y dignidad y respeto a sí mismo y a los demás, en el sentido de ser autoridad y no tener autoridad.
El sabio griego Periandro decía: “Sé solícito en todo” (Refranero Clásico Griego, en Los presocráticos, F.C.E), es decir, que haya disposición en todo momento, de atender, de escuchar, de dialogar, de prevenir un conflicto antes de que surja o se desarrolle.
Una autoridad para la vida cotidiana del Colegio, necesita estar abierta a todas las iniciativas académicas, buscando los medios o recursos para estimularlas, subordinando la administración a la academia, tomando como base las tareas sustantivas de la Universidad y las del CCH en lo particular.
Escuchar es una capacidad humana. Al desarrollarla el ser humano la convierte en una cualidad y en una virtud. El saber escuchar debiera ser un rasgo distintivo de una autoridad, eso se adquiere con el aprendizaje.
Hay personas y autoridades que no saben escuchar. Y el diálogo es para eso: para aprender a escucharnos. Se dice que hay “diálogo de sordos”, cuando las partes o interlocutores ni dialogan, ni se escuchan, sobre todo, cuando no hay voluntad política de construir acuerdos y consensos.
Una autoridad en el modo de ser, necesita coadyuvar a construir una comunidad participativa, que aprenda a ejercer su derecho a la información, a la crítica racional y a la disidencia mesurada. Eso es preferible a una comunidad callada, acrítica o simplemente adherente.
¿De veras no hay de otra?
Joel Ortega Juárez
El “cambio” del IFE al INE tiene todo el tufo de un “trinquete”. Por enésima vez lo han usado como canje para conseguir ciertos objetivos. Ahora le concedieron al PAN la centralización, desapareciendo los institutos electorales estatales, a cambio del voto azul .png)
a favor de las reformas de Peña Nieto. Contra esa medida se pronunciaron varios a lo largo de meses, entre ellos el hoy presidente del INE. Como esa medida hay otras con clara tendencia centralizadora y restauradora.Ninguna medida ha sido orientada a construir un sistema electoral abierto, sencillo y con credibilidad, ni las recientes ni todas las de los últimos decenios desde la llamada reforma de Reyes Heroles. En casi todo el mundo democrático representativo electoral, las reglas son muy sencillas. En España, por ejemplo, el registro de partidos y candidatos es tan simple como esto: un grupo de ciudadanos formula un programa, hace unos estatutos, define su perfil político e ideológico y solicita su registro electoral. Sin mayor trámite se le otorga el registro y éste se mantiene o se pierde en correspondencia con los votos que obtenga ese conjunto de personas agrupadas en ese partido.
Es cierto que en México tuvimos necesidad de construir un sistema electoral desde los cimientos hasta los acabados, de manera absoluta. Por la sencilla razón de que aquí nunca hubo elecciones durante el priato. Eso condujo a crear un sistema lleno de candados para evitar alteraciones y un aparato gigantesco y costosísimo.
Sin duda, la hazaña del IFE de Woldenberg es inmensa, por lo que tenía que vencer. Pero ya se vió que era insuficiente para acabar con la cultura del fraude y los impresionantes niveles de corrupción que se dan en el ámbito electoral. Fracasó también la tesis del financiamiento público como único garante de evitar la presencia del dinero “sucio” en la contienda electoral.
Todos los poderes fácticos sin excepción, incluyendo el narco, inciden en todos los partidos y procesos electorales. El sistema de financiamiento público no lo evitó, pero si conformó un monstruo de mil cabezas donde el manejo de cientos de millones de pesos le dio a la partidocracia poderes infinitos, casi sin estar sujetos a ningún control. Resultado: los “partidos” son formidables negocios para las cúpulas que los administran.
Este “pluralismo” es distinto a la aplanadora del carro completo del priato, pero se convirtió en una especie de máscara donde todos los partidos, sobre todo el PRI, el PAN y el PRD, pero también la chiquillada, son caras del mismo partido. Es decir el PRI se transformó en varios PRI.
Por más que han pretendido dorarnos la píldora en torno al método para designar a los consejeros del INE, que ahora son 11; a fin de cuentas han sido los partidos quienes decidieron esos nombramientos. Ahora además se dio en la práctica una exclusión de Morena, por lo que tendrá un alto costo de credibilidad desde el nacimiento del INE, no se diga en los procesos electorales por venir.
¿De veras no hay otro camino?
Urge una reforma profunda del sistema electoral que lo haga simple y evite este monstruoso aparato lleno de trácalas. El cambio de nombre de IFE a INE huele mal.
Milenio, sábado 5 de abril de 2014.
joeloj7168@yahoo.com.mx
joeloj7168@yahoo.com.mx
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Evolución formativa: necesidad atendible, derecho exigibleManuel Pérez Rocha
Toda evaluación (por supuesto excepto las autoevaluaciones) implica una problemática y delicada relación entre el evaluador y los evaluados, relación complicada no sólo con retos técnicos, sino principalmente con definiciones filosóficas y políticas, y la presencia de explicables y agudos factores emocionales de ambos actores. Esta relación y los frutos de la evaluación dependen, entre otros elementos, de los fines perseguidos por el evaluador y de la forma como los percibe el evaluado. Los gobiernos del PRI y del PAN, y sus asesores de la OCDE y Televisa/Mexicanos Primero, han concebido la evaluación como un espacio de control de sus empleados los maestros, y un instrumento para castigar a quienes son considerados incompetentes.
Los responsables de dirigir la educación pública del país en esos gobiernos han hecho múltiples declaraciones explícitas acerca de esa función punitiva de la evaluación; las reformas legales impuestas ilegalmente son lamentables pasos para poner en práctica sus aberrantes políticas, no obstante los nuevos discursos de la SEP plagados de oportunistas zalamerías a los maestros. No puede, pues, extrañar la reacción del magisterio –no sólo el coordinado por la CNTE, sino múltiples sectores de este gremio en todo el país– en contra no de la evaluación como tal, sino en contra de un proyecto de evaluación caracterizado por su debilidad técnica, su arbitrariedad e incluso ilegalidad.
El conflicto sigue vivo y de manera heroica muchos maestros siguen combatiendo las inaceptables e ilegales reformas legales. En estas circunstancias no se puede desatender la postura manifestada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por boca de su presidente la maestra Sylvia Schemlkes en reiteradas declaraciones recientes. En primer lugar, ha insistido en definir a la evaluación como herramienta para conducir la mejora de la educación. Por supuesto, este debe ser el objetivo principalísimo, pero para enfrentar las reacciones negativas en contra de esta atinada definición –sin duda insatisfactoria para quienes se obsesionan con la expedición de certificados y la rendición de cuentas–, debe reconocerse la necesidad de otras evaluaciones en las cuales se sustenten esas funciones administrativas (certificación y rendición de cuentas).
Otro concepto del INEE digno de atención se refiere a las funciones de este instituto. Este organismo –ha declarado la maestra Schmelkes– debe ser visto como una instancia de la sociedad civil para vigilar la actuación del Estado en materia educativa. Con razón el doctor Carlos Ornelas, reconocido especialista en educación, se pregunta si un organismo del Estado (el INEE) puede ser considerado como una instancia de la sociedad civil. Al margen de definiciones formales, la duda es válida, pues este nuevo instituto ha sido dotado de un consejo social en el cual tienen preponderancia (término de moda) fuertes intereses corporativos con artimaña disfrazados de sociedad civil. Ejemplo: en esa posición están la Confederación Patronal de la República Mexicana (la celebérrima Coparmex) y Televisa/Mexicanos Primero.
La inclusión de estos dos fuertes intereses políticos y económicos en el consejo del INEE es, sin duda, ilegítima pues, conforme un requisito estatutario del propio INEE para la conformación de ese cuerpo colegiado, sus miembros deben haber demostrado un compromiso con la educación nacional. ¿Es este el caso de la Coparmex? ¿Acaso no conocen sus históricos embates a la educación pública mexicana? ¿Cumple este requisito Televisa? ¿Cómo es posible que a estos intereses económicos y políticos se les haya dado más importancia que al Consejo Mexicano de Investigación Educativa (el Comie), agrupación de cientos de prestigiados investigadores de estos temas y cuyo trabajo institucional, académico, es de reconocido valor?
Otro concepto expresado por la presidenta del INEE, causa de justificado interés, es la tesis de que la evaluación de los profesores debe ser vista como un derecho. Concepto opuesto al impulsado por la SEP, Televisa/Mexicano Primero, y la OCDE: la evaluación como un instrumento de control. La evaluación de los estudiantes, concebida como instrumento de control y discriminación, de manera mecánica se trasladó al ámbito de la evaluación de los maestros, quienes pasaron a ser una especie de escolapios adultos.
La propuesta del INEE tiene fundamento sólido pues la tarea de los maestros se vuelve crecientemente compleja, y la evaluación bien concebida y realizada se convierte en un apoyo esencial para el cumplimiento de su delicada tarea. Para los maestros, una evaluación diagnóstica y formativa de sus conocimientos, de su preparación y de su desempeño es una necesidad; es una necesidad no sólo profesional sino personal, atendible, y por tanto es un derecho.
También la evaluación de los estudiantes debe ser concebida como un derecho exigible puesto que es una necesidad atendible. Hace casi 10 años este concepto quedó plasmado en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El artículo sexto de esta ley dice: VI. Todos los estudiantes tendrán derecho a que, a lo largo de sus estudios, se les practiquen las evaluaciones diagnósticas y formativas necesarias para que conozcan sus avances y carencias, y puedan llevar a cabo las acciones indispensables para lograr los objetivos académicos que se propongan. Los resultados de estas evaluaciones no podrán ser usados para restringir sus derechos, ni los estudiantes podrán usarlos para exigir certificaciones en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 14 de esta ley y en los estatutos y reglamentos correspondientes (véase la congruencia en ese artículo 14).
La discrepancia en las formas en que se conciben las funciones de la evaluación en los dos órganos cúspide del Estado mexicano en materia educativa evidencia los graves problemas causados por el abuso político del gobierno de Peña Nieto con la mal llamada reforma educativa. El INEE también ha manifestado su compromiso de escuchar a todos. Ojalá en estas circunstancias pueda iniciarse una discusión a fondo de la educación, de su evaluación y de su reforma.
Los responsables de dirigir la educación pública del país en esos gobiernos han hecho múltiples declaraciones explícitas acerca de esa función punitiva de la evaluación; las reformas legales impuestas ilegalmente son lamentables pasos para poner en práctica sus aberrantes políticas, no obstante los nuevos discursos de la SEP plagados de oportunistas zalamerías a los maestros. No puede, pues, extrañar la reacción del magisterio –no sólo el coordinado por la CNTE, sino múltiples sectores de este gremio en todo el país– en contra no de la evaluación como tal, sino en contra de un proyecto de evaluación caracterizado por su debilidad técnica, su arbitrariedad e incluso ilegalidad.
El conflicto sigue vivo y de manera heroica muchos maestros siguen combatiendo las inaceptables e ilegales reformas legales. En estas circunstancias no se puede desatender la postura manifestada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por boca de su presidente la maestra Sylvia Schemlkes en reiteradas declaraciones recientes. En primer lugar, ha insistido en definir a la evaluación como herramienta para conducir la mejora de la educación. Por supuesto, este debe ser el objetivo principalísimo, pero para enfrentar las reacciones negativas en contra de esta atinada definición –sin duda insatisfactoria para quienes se obsesionan con la expedición de certificados y la rendición de cuentas–, debe reconocerse la necesidad de otras evaluaciones en las cuales se sustenten esas funciones administrativas (certificación y rendición de cuentas).
Otro concepto del INEE digno de atención se refiere a las funciones de este instituto. Este organismo –ha declarado la maestra Schmelkes– debe ser visto como una instancia de la sociedad civil para vigilar la actuación del Estado en materia educativa. Con razón el doctor Carlos Ornelas, reconocido especialista en educación, se pregunta si un organismo del Estado (el INEE) puede ser considerado como una instancia de la sociedad civil. Al margen de definiciones formales, la duda es válida, pues este nuevo instituto ha sido dotado de un consejo social en el cual tienen preponderancia (término de moda) fuertes intereses corporativos con artimaña disfrazados de sociedad civil. Ejemplo: en esa posición están la Confederación Patronal de la República Mexicana (la celebérrima Coparmex) y Televisa/Mexicanos Primero.
La inclusión de estos dos fuertes intereses políticos y económicos en el consejo del INEE es, sin duda, ilegítima pues, conforme un requisito estatutario del propio INEE para la conformación de ese cuerpo colegiado, sus miembros deben haber demostrado un compromiso con la educación nacional. ¿Es este el caso de la Coparmex? ¿Acaso no conocen sus históricos embates a la educación pública mexicana? ¿Cumple este requisito Televisa? ¿Cómo es posible que a estos intereses económicos y políticos se les haya dado más importancia que al Consejo Mexicano de Investigación Educativa (el Comie), agrupación de cientos de prestigiados investigadores de estos temas y cuyo trabajo institucional, académico, es de reconocido valor?
Otro concepto expresado por la presidenta del INEE, causa de justificado interés, es la tesis de que la evaluación de los profesores debe ser vista como un derecho. Concepto opuesto al impulsado por la SEP, Televisa/Mexicano Primero, y la OCDE: la evaluación como un instrumento de control. La evaluación de los estudiantes, concebida como instrumento de control y discriminación, de manera mecánica se trasladó al ámbito de la evaluación de los maestros, quienes pasaron a ser una especie de escolapios adultos.
La propuesta del INEE tiene fundamento sólido pues la tarea de los maestros se vuelve crecientemente compleja, y la evaluación bien concebida y realizada se convierte en un apoyo esencial para el cumplimiento de su delicada tarea. Para los maestros, una evaluación diagnóstica y formativa de sus conocimientos, de su preparación y de su desempeño es una necesidad; es una necesidad no sólo profesional sino personal, atendible, y por tanto es un derecho.
También la evaluación de los estudiantes debe ser concebida como un derecho exigible puesto que es una necesidad atendible. Hace casi 10 años este concepto quedó plasmado en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El artículo sexto de esta ley dice: VI. Todos los estudiantes tendrán derecho a que, a lo largo de sus estudios, se les practiquen las evaluaciones diagnósticas y formativas necesarias para que conozcan sus avances y carencias, y puedan llevar a cabo las acciones indispensables para lograr los objetivos académicos que se propongan. Los resultados de estas evaluaciones no podrán ser usados para restringir sus derechos, ni los estudiantes podrán usarlos para exigir certificaciones en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 14 de esta ley y en los estatutos y reglamentos correspondientes (véase la congruencia en ese artículo 14).
La discrepancia en las formas en que se conciben las funciones de la evaluación en los dos órganos cúspide del Estado mexicano en materia educativa evidencia los graves problemas causados por el abuso político del gobierno de Peña Nieto con la mal llamada reforma educativa. El INEE también ha manifestado su compromiso de escuchar a todos. Ojalá en estas circunstancias pueda iniciarse una discusión a fondo de la educación, de su evaluación y de su reforma.
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